El Ministerio de Trabajo procedió hace unos días a remitir comunicaciones a empresas del sector agroalimentario dando un plazo de un mes para que procedieran a la conversión de determinados contratos fijos discontinuos en fijos. 

En esas comunicaciones se planteaba básicamente que, el estar trabajando al año un determinado porcentaje de días era síntoma de que la prestación era fija y no fija discontinua de ahí la intención de la conversión. 

Ayer acudimos a una reunión organizada por CROEM en Madrid (consecuencia de la que tuvimos con el Jefe de Inspección hace unos días), en la sede del Ministerio con Dña. IRENE MARÍN LUENGO, SUBDIRECTORA GENERAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES y su equipo del Organismo estatal de la Inspección de Trabajo.

Nuestra exposición se ha basado fundamentalmente en:

• Grave preocupación del sector por estas comunicaciones.
• Consecuencias irreparables de continuar adelante con esta intención.

La argumentación esencial remarcaba el hecho incuestionable de nuestro trabajo agrícola, basado fundamentalmente en la actividad estacional y por campañas y, por tanto, el carácter intermitente como pieza fundamental del mismo. 

La condición del contrato fijo discontinuo deriva, no del tiempo de prestación de servicios, sino de la naturaleza del mismo, remarcando los distintos pronunciamientos judiciales al respecto.

Se ha puesto de manifiesto el enorme esfuerzo de las empresas del sector por ir ampliando campañas y por tratar de dar mayor trabajo durante el mayor tiempo posible (aumentado además como servicio público esencial en el periodo COVID) y que, este hecho no debería de ser un “agravante” para obligar ahora a convertir en fijos unos contratos que son fijos discontinuos. 

Debemos de remarcar que, esas conversiones, de producirse, nos obligarían a dar trabajo todo el año, a abonar salarios y cotizaciones todo el año (con o sin trabajo), o bien a entrar en una espiral de ERTES cada vez que ese trabajo no existiera, algo absolutamente inasumible para el sector. 

Por parte el Ministerio se nos ha indicado que ha usado el programa Big Data con un marco temporal de cuatro años, detectando los datos que contienen las cartas y que la zona geográfica más afectada es, precisamente, Murcia 

Es cierto que, la sensación que se ha tenido por nuestra parte de la reunión, es el haber sido escuchados, y, lo que es más importante, entendidas nuestras preocupaciones y se ha tomado nota de todas nuestras consideraciones. 

Nos han trasladado que las van a tener en cuenta, en un análisis más pormenorizado y riguroso de las comunicaciones recibidas en un primer momento, y que se van a seguir manteniendo contactos entre los interlocutores intervinientes en la reunión y a emplazarnos, en caso de ser necesario, para cualquier información adicional que pudiera afectar al sector.

En todo caso, el proceso pasa por, una vez realizado ese análisis, si lo consideran oportuno dará traslado a la Inspección Territorial de Murcia para que proceda a realizar la actuación oportuna en cada caso, todo ello a partir de septiembre/octubre. Es por ello que, deberemos de estar atentos, e ir teniendo en cuenta la situación específica de cada empresa, por si fuera preciso realizar un estudio pormenorizado y adoptar las medidas que fueran precisas.